En Acme&Itercrim, bajo la dirección de Antonio Cereceda (ex-Guardia Civil), aportamos la inteligencia técnica necesaria para demostrar insolvencias fingidas y alzamiento de bienes. Si un deudor alega falta de liquidez mientras mantiene un nivel de vida incompatible o desvía activos a testaferros, nosotros obtenemos la prueba legal definitiva para su impugnación judicial.
¿Cómo ayuda un detective privado en un concurso de acreedores?
La intervención de un detective privado es clave para identificar el patrimonio real del deudor que ha sido ocultado deliberadamente para evitar el pago a acreedores. Mediante investigaciones patrimoniales, vigilancias y análisis de registros, aportamos un informe con validez en sala que permite al administrador concursal o al acreedor instar la calificación de “concurso culpable”.
Beneficios de nuestra investigación técnica:
- Localización de bienes: Identificación de propiedades, vehículos o participaciones societarias no declaradas.
- Detección de testaferros: Vinculación de activos a nombre de terceras personas (familiares o sociedades pantalla) con el deudor principal.
- Prueba de nivel de vida: Documentación de gastos y actividades que contradicen la situación de insolvencia presentada ante el juzgado.
- Validez Judicial: Entrega de informes ratificados en el Juzgado de lo Mercantil con plena garantía de cadena de custodia.
¿Qué diferencia una prueba de Acme&Itercrim de una investigación común?
La principal diferencia radica en la metodología de seguridad pública aplicada al sector privado. No solo entregamos datos; entregamos evidencias que soportan el rigor de un interrogatorio judicial.
| Característica | Investigación Común | Método Acme&Itercrim (Rigor Policial) |
| Origen de Datos | Fuentes abiertas básicas (OSINT) | Cruce de datos avanzado + Inteligencia de campo |
| Cadena de Custodia | Laxa o inexistente | Estricta (Protocolo Guardia Civil aplicado) |
| Informe Final | Narrativo simple | Técnico-Pericial con enfoque en ratificación |
| Admisión Judicial | Variable según el juez | 100% Admisible (Ley 5/2014 de Seguridad Privada) |
| Foco Estratégico | Informativo | Orientado a la ejecución de activos |
¿Es legal investigar a una empresa o particular en concurso?
Sí, es plenamente legal siempre que exista un interés legítimo. En el caso de los acreedores, el derecho a cobrar una deuda pendiente legitima la contratación de un detective privado para verificar que el proceso concursal no sea una maniobra fraudulenta. En Acme&Itercrim, operamos bajo el estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada, garantizando que las pruebas no sean anuladas por vulneración de derechos fundamentales.
Muchos creen que si una empresa ya está en concurso, “no hay nada que hacer”. La realidad es que gran parte de los activos se desvían meses antes de la declaración. Nuestra labor es retroceder en el tiempo para recuperar ese patrimonio.
Preguntas Frecuentes sobre Concurso de Acreedores (FAQ)
¿Cuánto tiempo tarda una investigación patrimonial para un concurso?
Depende de la complejidad de la red societaria, pero solemos entregar resultados preliminares en un plazo de 10 a 15 días hábiles.
¿Pueden investigar bienes fuera de Andalucía?
Sí. Aunque nuestra base está en Sevilla, operamos en todo el territorio nacional y contamos con red de colaboradores para activos internacionales.
¿Qué coste tiene este servicio?
Cada caso es único. Realizamos un presupuesto cerrado tras analizar el volumen de la deuda y la complejidad del investigado, evitando sorpresas finales.
¿El informe sirve para denunciar un alzamiento de bienes?
Absolutamente. Es la herramienta principal que utilizan los abogados para dar el salto de la vía mercantil a la vía penal si se detecta delito.
¿Tengo que declarar en el juzgado que he contratado a un detective?
El informe se aporta como prueba documental y, si es necesario, Antonio Cereceda o el detective del caso ratificarán personalmente ante el juez para defender los hallazgos.
Como parte fundamental de nuestras soluciones en el ámbito de servicios Empresariales y patrimoniales, el tratamiento jurídico de la insolvencia se aborda con una visión global que integra la gestión de activos, la responsabilidad de los socios y la viabilidad financiera de la entidad.
