Preguntas Frecuentes sobre Detectives Privados

Sí, es completamente legal. La figura del detective privado está regulada por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que establece los requisitos de habilitación, funciones y límites de actuación de los investigadores privados. Para ejercer, un detective debe contar con la habilitación oficial del Ministerio del Interior (TIP) y estar dado de alta en el registro correspondiente. Contratar a un profesional habilitado garantiza que la investigación se realice dentro del marco legal vigente.

La Ley de Seguridad Privada delimita las funciones del detective en su artículo 48. Entre ellas se incluyen: la obtención de información y pruebas sobre conductas o hechos privados, la investigación de delitos perseguibles a instancia de parte, la vigilancia en ferias y certamen, la obtención de pruebas en asuntos laborales y la investigación de solvencia y patrimonio en el ámbito mercantil. Todo ello siempre respetando el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen de las personas investigadas.

Un detective privado no puede entrar en domicilios ni en lugares que requieran autorización judicial. Tampoco puede utilizar medios técnicos que vulneren el derecho fundamental a la intimidad, como interceptar comunicaciones privadas sin consentimiento. No puede suplantar la función policial ni ejercer vigilancia en la vía pública de forma que suponga una intromisión desproporcionada. Estas limitaciones son importantes porque garantizan que las pruebas obtenidas sean admisibles en juicio.

Sí, siempre que se hayan obtenido de manera lícita. Los informes de un detective privado habilitado se consideran prueba documental conforme al artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, el detective puede ser llamado a ratificar su informe en sala, lo que refuerza el valor probatorio ante el juez. En ACME & ITERCRIM elaboramos cada informe con metodología rigurosa, metadatos verificables y cadena de custodia documentada para que resista cualquier impugnación.

El abanico de servicios es mucho más amplio de lo que la mayoría imagina. En ACME & ITERCRIM trabajamos en cuatro grandes áreas:

• Casos personales y familiares: infidelidades, custodia de menores, acoso escolar, ciberacoso, búsqueda de familiares y verificación de conductas.
• Casos laborales: bajas fingidas, absentismo laboral, competencia desleal por parte de empleados y control de actividad.
• Casos empresariales y patrimoniales: informes de solvencia, alzamiento de bienes, compliance penal, due diligence inmobiliaria, fraude interno e investigaciones económico-financieras.
• Investigación digital y seguridad: informática forense, barridos electrónicos (detección de cámaras y micrófonos ocultos), contramedidas TSCM y robo de identidad digital.

Sí. De hecho, es uno de los servicios más demandados. La investigación de infidelidades es legal siempre que el cliente tenga legitimación (es decir, que exista un interés legítimo, como un matrimonio o pareja de hecho, con implicaciones legales en caso de separación). El detective documenta los hechos con imágenes, vídeos y seguimientos en espacios públicos, respetando en todo momento los límites legales. El resultado es un informe con valor probatorio válido para procedimientos judiciales de separación, divorcio o modificación de medidas.

Un barrido electrónico, también conocido como TSCM (Technical Surveillance Countermeasures), es un servicio de detección de dispositivos de escucha, cámaras ocultas, micrófonos espía, GPS no autorizados y cualquier forma de vigilancia encubierta. Está dirigido a empresas que manejan información sensible, despachos de abogados, ejecutivos y cualquier persona que sospeche que está siendo vigilada sin su consentimiento. Es un servicio cada vez más solicitado en un entorno donde el espionaje corporativo y la tecnología de bajo coste hacen que estas prácticas sean más accesibles.

La informática forense consiste en la recogida, análisis y preservación de evidencias digitales procedentes de ordenadores, teléfonos móviles, servidores o sistemas en la nube. Se necesita cuando hay sospechas de borrado intencionado de datos, robo de información confidencial, suplantación de identidad digital o ciberfraude. Lo crucial es que la evidencia digital se extraiga con cadena de custodia certificada, para que tenga validez ante un juzgado. En ACME & ITERCRIM realizamos este tipo de peritajes con metodología homologada y capacidad de ratificación en sala.

El proceso es sencillo y discreto. Se inicia con una consulta gratuita y confidencial donde el cliente expone su caso. A continuación, estudiamos la viabilidad legal y técnica, y elaboramos un presupuesto personalizado con el alcance, los plazos y los entregables definidos. Una vez aceptado, se firma un contrato de prestación de servicios (obligatorio por ley) y comienza la investigación. Durante todo el proceso mantenemos comunicación discreta con el cliente. Al finalizar, entregamos un informe completo con toda la documentación probatoria.

La confidencialidad es uno de los pilares fundamentales de nuestra profesión y está protegida por ley. El detective privado tiene la obligación legal de guardar secreto profesional sobre toda la información obtenida durante la investigación. En ACME & ITERCRIM utilizamos canales de comunicación seguros, protocolos de protección de datos y medidas de seguridad específicas para que la identidad del cliente y los detalles del caso permanezcan siempre protegidos.

Sí, la firma de un contrato de prestación de servicios es obligatoria por ley (artículo 25 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada). El contrato debe especificar el objeto de la investigación, las condiciones del servicio, los honorarios y los plazos. Esto protege tanto al cliente como al detective y es una garantía de profesionalidad. Desconfía de cualquier agencia que no te ofrezca un contrato por escrito.

Depende de la complejidad del caso. Un seguimiento puntual puede resolverse en pocos días, mientras que una investigación patrimonial o de fraude empresarial puede requerir varias semanas. En la consulta inicial siempre ofrecemos una estimación realista de plazos y, durante el proceso, informamos al cliente de los avances. Nuestro compromiso es no alargar innecesariamente las investigaciones y ser transparentes con los tiempos.

Los precios varían en función del tipo de caso, la duración estimada, los recursos necesarios y la zona geográfica. Como orientación, los honorarios suelen incluir una tarifa por jornada de vigilancia o seguimiento, más los gastos derivados (desplazamientos, tecnología, etc.). En ACME & ITERCRIM ofrecemos presupuestos claros, desglosados y sin sorpresas. Cada caso se valora de forma individual en la consulta previa.

Por supuesto. La consulta inicial es gratuita y totalmente confidencial. Puedes ponerte en contacto con nosotros por teléfono, correo electrónico o WhatsApp, explicar tu situación y recibirás un presupuesto personalizado sin ninguna obligación. En esa primera conversación también te asesoramos sobre la viabilidad legal del caso y las opciones disponibles.

En el sector de la investigación privada, como en cualquier otro, el precio suele reflejar la calidad y la legalidad del servicio. Tarifas excesivamente bajas pueden ser señal de profesionales sin habilitación oficial, sin seguro de responsabilidad civil, que no firman contrato o que utilizan métodos que pueden invalidar las pruebas. Un informe que no se sostiene en juicio no solo es dinero perdido, sino que puede perjudicar gravemente tu caso. Invertir en una agencia profesional y licenciada es una garantía de que tu inversión se traduce en resultados con valor legal real.

Sí, y es muy habitual. Muchos despachos de abogados trabajan de forma recurrente con detectives privados para reforzar la estrategia probatoria en casos civiles, laborales, mercantiles y penales. El abogado actúa como intermediario legítimo y el detective trabaja en coordinación directa con él, adaptándose a los plazos procesales y a las necesidades específicas del caso. En ACME & ITERCRIM contamos con un servicio específico de apoyo a despachos jurídicos.

Un informe profesional incluye: identificación del detective y número de habilitación, descripción detallada de los hechos observados, cronología de las actuaciones, material gráfico (fotografías, vídeos) con metadatos y geolocalización, metodología empleada, conclusiones y anexos documentales. Todo ello estructurado para que el abogado pueda incorporarlo directamente como prueba documental y, en caso necesario, el detective lo ratifique ante el juez.

Ratificar significa que el detective comparece ante el juzgado para confirmar bajo juramento la veracidad del contenido de su informe, responder a las preguntas del juez y de las partes, y someter su trabajo al contraste del contrainterrogatorio. Esta ratificación refuerza enormemente el valor de la prueba. En ACME & ITERCRIM preparamos cada ratificación con antelación, coordinando con el abogado para que la comparecencia sea sólida y eficaz.

Nuestra sede principal está en Sevilla, pero operamos en toda Andalucía: Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada y Almería. También aceptamos casos en otras comunidades autónomas cuando el asunto lo requiere, coordinándonos con la red de colaboradores necesaria para garantizar la calidad y la cobertura.

Sí. La consulta inicial puede realizarse por teléfono, videollamada o WhatsApp con total seguridad. El contrato puede formalizarse de forma telemática y los informes se entregan por vía segura. Muchos de nuestros clientes, especialmente abogados y empresas de otras provincias, trabajan con nosotros sin necesidad de desplazarse físicamente a nuestra oficina.

No. Un detective privado no tiene potestad para acceder a cuentas bancarias, interceptar llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes privados. Estas actuaciones requieren autorización judicial y están reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cualquier profesional que ofrezca estos servicios está actuando fuera de la ley, y las pruebas obtenidas de esta forma serían nulas.

Ni lo uno ni lo otro. La profesión de detective privado está plenamente regulada y los servicios de investigación son accesibles para particulares, autónomos, pymes y grandes empresas. No se trata de espionaje, sino de obtener pruebas legales que protejan tus derechos o los de tu empresa. La imagen de ficción ha perjudicado la percepción pública de una profesión que, en realidad, cumple una función clave en el sistema de justicia.

Hacerlo conlleva riesgos importantes. Si obtienes pruebas sin respetar los límites legales (por ejemplo, accediendo al móvil de otra persona sin autorización), esa prueba será nula e incluso podrías enfrentarte a consecuencias legales. Además, una investigación amateur puede alertar a la persona investigada y destruir cualquier posibilidad de obtener evidencias. Un detective profesional conoce los límites, utiliza métodos lícitos y genera pruebas con valor judicial.